Publicada el 29/09/2015
Reclama "medidas urgentes" para eliminar el vertedero que tras doce años se ha convertido en "una amenaza impredecible" al albergar 390.000 toneladas de basura
La asamblea local de IU denuncia “el delito ecológico que suponen las balas de basura abandonadas en Santa María del Páramo”, una situación que a su juicio, “sigue poniendo en evidencia la política de recogida y tratamiento de residuos de la provincia” y por ello exige tanto a la Diputación, como al Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul) que tomen “medidas urgentes para eliminar el vertedero”. Según critica IU, “un vertido temporal se convierte en delito ecológico a los cinco años y que en este caso acumula ya doce años sin que sepamos nada del proyecto aprobado para su enterramiento”. Proyecto con el que además IU “nunca estuvo de acuerdo y que sigue siendo un error, básicamente porque esta bomba ambiental se ha convertido en una amenaza impredecible si las 390.000 toneladas de basura se mantienen, estén o no enterradas”, denuncia. La formación critica además la situación de la valla de contención que está “rota”, al igual que el depósito depósito destinado a sus lixiviados que “carece de control y las balas ya llevan rotas desde hace años y pueden pasar de un peligro ambiental a zona protegida porque a este paso crearán un ecosistema único en el mundo, para mal o para peor; entonces estaríamos ante un problema de salud pública urgente y amenaza para los agricultores de la zonas, que podrían verse afectados”, asevera. Un vertido que “no podría superar el lustro y que se diseñó para acoger temporalmente 50.000 TM, sigue provocando olores que solo pueden describirse cuando se sufre y se ha convertido en un problema real sin solución desde que una decisión judicial puso coto a la barbaridad del enterramiento. El problema es que esa montaña es intratable a estas alturas y no puede permanecer como está”. Ante esta situación IU considera “una equivocación” que Gersul “recurra el auto judicial, que deja claro que estamos ante un cúmulo de irregularidades administrativas y ambientales” y considera que es “el momento de buscar una solución que no colapse el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) y para eso se debe empezar a contactar con gestores autorizados que puedan hacerse cargo de tan singular montaña de mierda. La presidenta de la Diputación y los alcaldes de la comarca deben tomar cartas en el asunto”, sentencia.